El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional establece procedimientos para detectar e interceptar aeronaves y buques irregulares. También incorpora la protección de infraestructura crítica y coordina Defensa, Inteligencia y ciberseguridad bajo un Consejo presidido por el Presidente de la Nación.

Las Fuerzas Armadas podrían asumir nuevas tareas de protección frente a amenazas externas si el Congreso aprueba la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto propone actualizar el marco de la Defensa e incorporar riesgos como ciberataques y sabotajes contra instalaciones esenciales para el funcionamiento del país.

La iniciativa contempla amenazas provenientes tanto de Estados como de actores no estatales. Bajo ese criterio, establece que las FFAA deberán estar organizadas, entrenadas y equipadas para responder a distintas formas de agresión externa, además de los conflictos militares convencionales.

Uno de los cambios permite su participación, cuando corresponda, en la protección de infraestructura crítica. Esto comprende instalaciones y sistemas cuya interrupción podría afectar servicios básicos, la seguridad o la economía, como redes de energía y comunicaciones. El proyecto vincula estas funciones con riesgos de origen externo.

Para coordinar esa respuesta, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente. El organismo reuniría a las áreas de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia, entre otras, y establecería los lineamientos de una estrategia común.

La propuesta modifica las funciones y la coordinación de los organismos, pero su aplicación también dependerá de los recursos disponibles. Las nuevas responsabilidades requieren entrenamiento, equipamiento y presupuesto; el cambio legal, por sí solo, no equivale a incorporar esas capacidades.

El texto deberá ser debatido en el Congreso, donde se definirán el alcance de las nuevas atribuciones, sus controles y las condiciones para su implementación.