Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, fue suspendido de sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales tras una acusación de acoso sexual y laboral.

Una empleada judicial que trabajaba directamente bajo sus órdenes presentó la denuncia que derivó en las medidas disciplinarias. El organismo de control del poder judicial bonaerense no solo lo apartó del cargo, sino que también ordenó el embargo de una porción significativa de su salario como medida de garantía.

El embargo alcanza al 40% de sus ingresos mensuales y permanecerá vigente durante la tramitación del expediente administrativo. Esta decisión busca proteger los derechos de la denunciante y garantizar posibles resarcimientos.

Las conductas denunciadas incluyen tanto hostigamiento de carácter sexual como acoso laboral sistemático dentro del ámbito de la institución judicial. La funcionaria que realizó la denuncia trabajaba en un vínculo de subordinación directa respecto del magistrado.

El Jurado de Enjuiciamiento tiene atribuciones para investigar irregularidades cometidas por jueces y funcionarios del poder judicial provincial. Sus resoluciones pueden incluir desde sanciones leves hasta la destitución del cargo.

La suspensión implica el cese temporal de García Maañón en sus responsabilidades como camarita, afectando el normal funcionamiento de ese tribunal de apelaciones. Su reemplazo o redistribución de tareas corresponderá a las autoridades judiciales pertinentes.

El proceso mantiene su tramitación para esclarecer los hechos denunciados y determinar si corresponden sanciones adicionales o derivaciones a la justicia penal ordinaria.

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