El intendente de Lanús quedó bajo cuestionamiento por una decisión que beneficia directamente a su propia estructura política. Mediante el Decreto N.º 2.483, firmado el 20 de agosto de 2026 y con vigencia retroactiva al 1.º de julio, el intendente amplió la Bonificación por Disponibilidad Permanente para 38 funcionarios de su gestión.

El beneficio establece adicionales del 30%, 35% y hasta el 50% sobre las remuneraciones sujetas a aportes previsionales, bajo el argumento de una dedicación horaria ilimitada por fuera de la jornada habitual. Entre quienes reciben el porcentaje máximo aparecen nueve integrantes del gabinete, incluidos los secretarios de Gobierno, Economía, Salud y Seguridad, además de funcionarios de otras áreas estratégicas del municipio.

La decisión contrasta con la situación del resto de los trabajadores municipales. Según la información publicada sobre el acuerdo paritario para el último cuatrimestre de 2026, la recomposición salarial representa una mejora neta de bolsillo de entre el 12% y el 17%, dependiendo de la categoría y la antigüedad de cada empleado.

Así, mientras 38 integrantes de la estructura política y jerárquica accedieron a bonificaciones adicionales de hasta el 50%, los trabajadores municipales quedaron sujetos a una recomposición considerablemente más acotada. La diferencia abrió cuestionamientos sobre los criterios utilizados por el Ejecutivo para distribuir los recursos destinados a salarios.

El decreto vuelve a poner bajo la lupa las prioridades de Julián Álvarez: beneficios adicionales para funcionarios de su gabinete y una recomposición más limitada para quienes sostienen diariamente el funcionamiento del municipio. En Lanús, la discusión ya no pasa solamente por cuánto cobra cada empleado, sino también por qué lugar ocupan los funcionarios políticos en la política salarial de la gestión.