El dinero designado para combatir inundaciones no está llegando a las obras que debería financiar. En su lugar, está siendo canalizado hacia el Tesoro nacional para cubrir gastos generales del Estado. Es un caso donde los recursos existen pero la ejecución brilla por su ausencia.

Un fondo específicamente creado por ley para enfrentar el problema de inundaciones funciona como fuente de financiamiento flexible para otras áreas del gobierno. Mientras tanto, la infraestructura de protección hídrica que debería estar en construcción permanece en el papel.

El diagnóstico es claro: no hay carencia de dinero. Los fondos están disponibles en el sistema presupuestario. Lo que no existe es la decisión administrativa de utilizarlos en aquello para lo cual fueron asignados legislativamente.

Esta desviación de recursos ilustra una tensión permanente en la gestión pública: la necesidad de financiamiento coyuntural versus los compromisos programáticos de largo plazo. Cuando la presión fiscal aprieta, fondos etiquetados para objetivos específicos son redirigidos hacia necesidades inmediatas.

Las consecuencias recaen sobre las poblaciones en riesgo de inundación, que ven cómo se difieren indefinidamente las obras de protección que les fueron prometidas. Mientras tanto, el dinero que supuestamente estaba destinado a ellas sigue siendo capturado por otras funciones del Estado.

El caso evidencia la necesidad de mecanismos más fuertes que aseguren la ejecución efectiva de fondos específicamente asignados. La paradoja del superávit presupuestario coexistiendo con déficit de obras realizadas sintetiza el problema: existe dinero disponible, pero no existe la voluntad política de canalizarlo correctamente.

Imagen: Jakub Zerdzicki / Pexels – Con informacion de Clarín Rural